Un juez federal estadounidense decidió este miércoles impedir que la administración Trump ponga fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que les permite residir y trabajar legalmente a inmigrantes de cuatro países, incluyendo salvadoreños, diciendo que la medida causaría "daños irreparables y grandes dificultades".

El juez de distrito de los EE. UU., Edward Chen, en San Francisco, concedió una solicitud de interdicto preliminar contra la decisión de la administración de suspender el TPS para los beneficiarios de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador.

La decisión no es definitiva y puede ser apelada por la administración Trump ante una corte superior e incluso en la Corte Suprema estadounidense.

Un abogado de Migración estadounidense explicó a Diario El Mundo que se trata de "una medida cautelar mientras dura el proceso judicial. No es una sentencia".

"El beneficio será continuar solo con autorizaciones de trabajo que pueden tener una duracion de seis a 18 meses segun la discreción del Departamento de Seguridad Interna. Pero asumo que ya no tendrán permisos para viajar, solo en casos excepcionales. Similar a lo que sucede en las demandas DACA", explicó el abogado migratorio estadounidense.

El juez Chen dijo que hay pruebas de que "el presidente Trump alberga un ánimo contra los extranjeros no blancos y no europeos que influyeron en su ... decisión de poner fin a la designación de TPS".
El fallo citó el discurso de la campaña de Trump en 2015 en el que caracterizó a los inmigrantes mexicanos como traficantes de drogas y violadores, su llamado a impedir que los musulmanes ingresen a los Estados Unidos y una referencia vulgar a los países africanos durante una reunión sobre inmigración en la Casa Blanca en enero.

El estado de protección temporal se otorga a los países asolados por desastres naturales o guerras y permite que los ciudadanos de esos países permanezcan en los Estados Unidos hasta que la situación mejore en casa. Cerca de 300,000 personas han recibido esas protecciones.

El fallo dijo que el gobierno no demostró el daño de continuar el programa de 20 años y que los demandantes establecieron cómo el desarraigo de esos inmigrantes podría perjudicar a la economía local y nacional.
"Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado familias en los Estados Unidos (muchos de ellos durante más de una década) estarán sujetos a la eliminación", escribió Chen.

Muchos tienen hijos que nacieron en los EE. UU. Y pueden enfrentar la opción de "traer a sus hijos con ellos (y separarlos del único país y comunidad que han conocido) o separar a sus familias", dijo el fallo.
Los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que no podían comentar sobre los litigios en curso.

La demanda de los inmigrantes que han recibido las protecciones alega que la decisión de la administración fue motivada por el racismo.

Chen cuestionó los motivos de la administración en una audiencia el mes pasado. Citó un memo que dijo que sugería que la decisión fue impulsada por la política de America First de la administración.
Le pidió a un abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que respondiera a las alegaciones de los demandantes de que America First significaba excluir a los inmigrantes que no son blancos.

El Salvador fue designado para el programa en 2001 después de un terremoto, y el TPS se renovó repetidamente. La administración Trump anunció en enero que el programa expiraría para El Salvador en septiembre de 2019. La administración concluyó que El Salvador había recibido una importante ayuda internacional para recuperarse del terremoto y que se habían reconstruido hogares, escuelas y hospitales.

Según los demandantes en la demanda, más de 200,000 inmigrantes podrían enfrentar la deportación debido al cambio, y tienen más de 200,000 niños estadounidenses que corren el riesgo de ser desarraigados de sus comunidades y escuelas.